La Perspectiva Moderna para la Preparación Profesional del Defensor. Parte 1.

Abril 2020 | Hernán Baruch Rodríguez López | México

México, durante el último periodo de la primera década del siglo y a comienzos de la segunda década, empezó a fijar su mirada al estandarte de los Derechos Humanos, aceptando su relevancia para el correcto desarrollo de cada habitante, así como para el fortalecimiento del Estado Democrático en el que vivimos. Lo anterior permitió aceptar errores en el sistema, dando auge a diversas reformas donde se rompía un esquema cuadrado de pensamiento, por uno sin bordes; esto en favor del gobernado y de los cuales, uno que impactó por las características introducidas, fue el sistema de justicia penal, el cual dejaba de ser inquisitivo por convertirse en acusatorio adversarial, reconociendo principios innovadores para nuestro Estado (ente de gobierno) y criterios nacidos desde el sistema interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior, emparejó las oportunidades entre los intervinientes en el sistema, dándonos la oportunidad de crear argumentos o una defensa de forma amplia, pues, cortaba el sentido legal el cual nos limitaban a ciertas normas, y nos brindó varios horizontes para fortalecer nuestra estrategia, o por lo menos doctrinalmente. ¿Por qué refiero lo anterior?, porque aún a pesar de presenciar varias reformas encaminadas al empuje de los derechos humanos, el abogado sigue limitándose a un esquema “legaloide”, haciendo que indirectamente, su estrategia sea deficiente parcialmente. Seguimos encapsulados a voltear a ver a los códigos penales y creemos que si un código no lo contempla, no existe, cuando nuestras opciones de argumentación son amplias y excedentes a las normas nacionales; pues nuestro país al reconocer, desde la reforma en materia de derechos humanos, nos dio pauta a emplear una norma que es ajena a la local, afectando, positivamente, nuestro camino de preparación jurídica. Entonces digo, ¿para qué seguir pensando que si el derecho interno no lo prevé, no existe?, cuando ya podemos emplear tratados internacionales, jurisprudencia interamericana, e incluso podemos usar de forma orientadora tanto recomendaciones de organismos internacionales y la misma doctrina internacional para crear nuestra defensa.

Por ello, creo yo, que cuando hablamos de nuestra preparación como abogados, y más quienes queremos ser paladines de la defensa, debemos de comprender el “cómo se presentan” los Derechos Humanos y agregar a nuestro compendio legal, precisamente, toda la esfera del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos, para pensar con perspectiva de derechos humanos, y poder apuntar certeramente a las debilidades de la teoría del caso de la fiscalía, para no atacar únicamente su teoría del delito en ella.

Iniciemos con el Principio. Nuestro artículo primero constitucional, es sin duda una joya; en él podemos ver una obligación que dejamos pasar y no le damos la importancia, y son los principios interpretativos de los derechos humanos, los cuales las autoridades deben de emplear para cumplir con su obligación de respetar, garantizar, difundir y respetar los Derechos Humanos. Estos son los principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; siendo el principio base de este trabajo, el principio de Universalidad de los Derechos Humanos.

El Principio de Universalidad pacta que los Derechos Humanos les corresponden a todas las personas por igual, lo cual viene estrictamente relacionado con los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación. Cabe resaltar que, si bien en nuestro sistema legal se prohíbe la discriminación, también es de tener en cuenta las medidas afirmativas o las medidas de discriminación positiva, que permiten compensar el estado de desigualdad histórica de ciertos grupos vulnerables, como lo es el enfoque al interés superior del menor, entre otros. Lo anterior, se puede poner a práctica cuando representamos a una persona que pertenece a un grupo vulnerable o cuando es un extranjero y la autoridad olvida aplicar normas externas a las normalmente aplicadas en la materia, como lo son diversos tratados internacionales que se especializan en la protección de esos grupos y que indirectamente influyen en el trato autoridad-imputado en su perjuicio, y al omitir dichas consideraciones o de no aplicarle un desigual, se podría definir que se omite la aplicación del principio y por lo tanto el incumplimiento constitucional.

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